Cinco normativas de las que todo inversor debe estar pendiente

Tanto startups al más puro estilo Airbnb y Uber, como las que surgen en otros nichos de reciente formación – como el fintech –, se encuadran dentro de las áreas más boyantes del mundo del emprendimiento. Y todas ellas están viviendo o vivirán cambios normativos en los próximos meses.

No en vano, estos nuevos modelos de la economía digital parecen haber llegado para quedarse. Por ejemplo, la economía colaborativa representa actualmente un 1,4 % del PIB español, según datos de un reciente estudio elaborado por la Fundación EY en colaboración con la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la Fundación de Estudios Financieros, el Círculo de Empresarios y Fundación Cotec. Sin embargo, las startups de este nuevo tipo de economía deberán cumplir con ciertas normativas.

Con su nacimiento y proliferación, han creado nuevos sectores y nichos que carecen de regulación o bien tienen una normativa anticuada, algo que abre las puertas a posibles abusos o a situaciones de competencia desequilibrada con las compañías más tradicionales, algo que es necesario acotar. Y es por eso que, tanto el Gobierno central como los regionales, se han puesto manos a la obra para diseñar normas que regulen su actividad.

Estos cambios normativos se unen a los que tendrán lugar próximamente en otros ámbitos, como los que afectarán al uso de drones o al tratamiento de datos. Los nuevos marcos legislativos pueden provocar un giro en la evolución de muchas startups u obligarles a modificar sus planes estratégicos, afectando profundamente a sus inversores actuales y futuros, por lo que no está de más hacer un repaso por los puntos más importantes.

¡Pero atención! Este post trata sobre de temas de candente actualidad ? Ten en cuenta que las normativas que vamos a citar pueden variar, o incluso proliferar reglamentos a nivel nacional, autonómico o municipal que las completen o maticen.

¡Allá vamos!

1. NORMATIVAS PARA EL ALQUILER TURÍSTICO

La creciente oferta de pisos a través de plataformas de alojamiento turístico como Airbnb, Homeaway y Homelidays, en gran medida, la causante de un insólito aumento del precio del alquiler en muchas ciudades españolas y de un incremento de las plazas disponibles para los visitantes que las masifica y perturba la vida de sus habitantes.

En vista de una situación cada vez más insostenible, el Ejecutivo balear aspira a poner un poco de orden en el alquiler vacacional con la reforma de su Ley de Turismo, aprobada definitivamente a principios de agosto en el Decreto Ley 6/2017.

AirbnbLa normativa introduce condiciones más estrictas para aquellas personas que decidan ofrecer viviendas o habitaciones en las plataformas de alquiler turístico. Entre otros requisitos, exige que los pisos tengan al menos cinco años de antigüedad y otorga a los consejeros insulares la potestad para establecer un máximo de viviendas turísticas y delimitar las zonas en las que pueda realizarse esta actividad. Además, la normativa impone sanciones que van de los 40.000 a los 400.000 euros en caso de que exista actividad ilegal. Airbnb ya ha avisado a sus clientes de los cambios, con los que no está muy de acuerdo, y advierte que las islas pueden perder más de 500 millones de euros anuales debido a la nueva regulación. La Asociación Europea de Apartamentos Turísticos y la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca también han expresado su desacuerdo, por lo que no sabemos si habrá alguna rectificación o cambio normativo en el futuro. Aunque el gobierno balear ha sido el pionero en establecer este tipo de normativas, no es el único que ha tomado cartas en el asunto. La CNMC ha rechazado este año los decretos de Galicia y Castilla y León por considerarlos demasiado restrictivos, algo que ya hizo con los de Madrid y Canarias por la misma razón.

2. CAMBIOS EN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE

Ante las constantes huelgas y enfrentamientos entre taxistas y startups que ofrecen servicios de transporte alternativos, como Uber y Cabify, el Gobierno se comprometió el pasado mes de junio a implementar una norma enfocada a controlar la distribución de licencias de alquiler de vehículos con conductor (las VTC) y evitar la especulación con estas autorizaciones. Uber

El Ministerio de Fomento prevé que se autoricen alrededor de un millar de nuevas licencias VTC por vía judicial, alternativa a la que recurren sus solicitantes una vez han obtenido una denegación por vía administrativa. Este elevado número de permisos pone en riesgo la relación de una VTC por cada 30 taxis estipulada en 2015.

Entre otras cuestiones, el ministerio sopesaba prohibir la compraventa de licencias VTC durante un período de entre dos y cinco años desde su concesión. Sin embargo, la información que proporciona es contradictoria –ha descartado recientemente cualquier modificación del régimen de autorización de licencias–, por lo que habrá que permanecer al tanto para conocer el final de la historia. De aprobarse una normativa, no solo podría limitar la actividad de las empresas ya establecidas, sino que también serviría de advertencia para otras compañías que se planteasen penetrar en nuestro país.

3. BENEFICIOS PARA LAS FINTECH

Aunque muchas startups del sector fintech llevan años innovando para aprovechar las ventajas de la tecnología en el mundo financiero, hasta ahora se han enfrentado a normativas rígidas diseñadas para las entidades tradicionales. Para abrirles puertas, el Parlamento Europeo aprobó a finales del 2015 la directiva de servicios de pago –más conocida como DSP II–, un documento que España debe adaptar a su legislación antes del 12 de enero de 2018.

El plazo de consulta pública del anteproyecto de ley que regulará la actividad de estas empresas en nuestro país se cerró en abril, pero el sector pide más flexibilidad en la futura normativa. El modelo que se implementará es el mismo que el que ya funciona en Reino Unido: la CNMV ya trabaja para crear una regulatory sandbox, una especie de campo de pruebas legislativo para que las startups de fintech prueben sus modelos de negocio en unas condiciones controladas sin tener que cumplir con ciertas normas y evitar obstáculos jurídicos.

La futura normativa deberá estipular tanto los criterios de selección de las empresas que podrán utilizar esa herramienta, como la duración del régimen especial del que pueden beneficiarse y las obligaciones que los responsables del proyecto tendrán que cumplir durante ese periodo.

La CNMV trabaja para crear una regulatory sandbox que tratará de beneficiar a las startups fintech

Por otro lado, al igual que la directiva europea, CNMV distinguirá los diferentes tipos de operadores en el ámbito de los proveedores de servicios de pagos: los prestadores de servicios de iniciación de pago –que deberán tener un capital inicial mínimo de 50.000 euros, según la norma europea– y los prestadores de servicios de información de cuentas, que estarán recogidos en un listado que, probablemente, gestione el Banco de España.

Aparte de esta legislación, otra normativa europea que tendrá impacto en las startups del sector fintech es la directiva MiFID o Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros II, que entrará en vigor en enero de 2018 con el objetivo de regular cuestiones como la negociación de acciones y otros productos financieros complejos, el tipo de información que se debe proporcionar a los usuarios finales antes de contratar cualquier servicio y la responsabilidad legal ante un problema.

4. DRONES BAJO VIGILANCIA

El Gobierno dio los primeros pasos para regular el uso de drones en 2014, cuando aprobó la ley 17/2014 para regular el tráfico aéreo no tripulado en nuestro país. Aunque hace tiempo que desde el sector se pide una reforma y que el Ejecutivo habla de una nueva normativa, aún no ha visto la luz ninguna otra regulación.

Sin embargo, parece que cada vez estamos más cerca de ver una nueva ley de drones: el Ejecutivo tiene encima de la mesa un borrador que probablemente se transforme en decreto el próximo mes de octubre, según fuentes implicadas en su elaboración. Se prevé que las medidas que incorporará el documento estén destinadas a establecer condiciones más flexibles y a fijar las responsabilidades y obligaciones de los pilotos, que deberán obtener una licencia concedida por los ayuntamientos.

Varias startups tienen en sus planes usar drones para realizar tareas como el reparto a domicilio o la vigilancia y toma de imágenes aéreas. La nueva normativa, que abriría la puerta a actividades como su uso en áreas urbanas y los vuelos nocturnos, plantearía todo un abanico de nuevas posibilidades para las empresas existentes y fomentaría el desarrollo del sector de los drones en nuestro país.

5. DATOS MÁS PROTEGIDOS

Un nuevo marco legislativo que afectará especialmente a las startups del mundo digital es el de la privacidad. Aunque el nuevo Reglamento General de Protección de Datos o GDPR ya está vigente, las empresas tienen de plazo hasta mayo del 2018 para adaptarse antes de que su cumplimiento sea obligatorio.

Eso sí, en el caso de que alguna firma no haya incorporado para entonces todas las condiciones que estipula la normativa, podría incurrir en una infracción y, por tanto, recibir multas de hasta 20 millones de euros por parte de la Agencia Española de Protección de Datos.

El GDPR amplía y refuerza muchas de las medidas que ya están en vigor actualmente, aunque también añade nuevos puntos. Los principales ámbitos en los que plantea obligaciones más estrictas para las firmas son el de la responsabilidad y almacenamiento –donde exige medidas de seguridad, cifrado y auditoría adecuadas–, el de la transparencia en la gestión de los datos y el del procesamiento de los mismos, para el que deberá contar con el consentimiento del dueño de la información.

Tanto a las startups, que se ven afectadas por estas medidas, como a los inversores les conviene estar al tanto de la evolución de todas las normativas para seguir su evolución. Aunque, todo sea dicho, el hecho de que vaya a cambiar la ley no significa que el potencial de las empresas vaya a disminuir.

Fotos: Unsplash y Open Grid Scheduler.

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